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Segundo taller regional del proyecto DPI en LAC

La Infraestructura Pública Digital (DPI) se expande en Latinoamérica y el Caribe (LAC) más rápido de lo que se decide quién la gobierna y para qué. Sistemas de pagos, identidad digital e intercambio de datos ya están en marcha, pero las decisiones sobre cómo se diseñan, en qué condiciones operan y quiénes participan en su desarrollo requieren procesos de gobernanza abiertos y participativos. La sociedad civil quiere estar cada vez más en esa conversación. De hecho, el problema rara vez es la voluntad, sino las condiciones para mantener una participación efectiva.

Ese fue el punto de partida del Segundo taller regional sobre el ecosistema de DPI en Latinoamérica y el Caribe, un encuentro virtual realizado el pasado 30 de julio en el marco del proyecto DPI “Fortalecimiento de la Sociedad Civil en LAC”, implementado por el consorcio de Cepei, ILDA y Open Data Charter, con el apoyo de Co-Develop. La sesión reunió a organizaciones de la sociedad civil (OSC) de distintos países, que debatieron alrededor de      dos preguntas concretas: ¿cuáles son las prioridades de incidencia para las OSC? y ¿cuáles son las condiciones mínimas que se requieren para que puedan incidir?

De los conceptos a la incidencia

El  primer taller, realizado en Bogotá en abril de 2026, dejó un diagnóstico compartido: hacen falta mecanismos y espacios de gobernanza multiactor en materia de DPI, la sociedad civil debe estar presente en todo el ciclo de vida de la DPI y existen barreras persistentes (acceso a los espacios de decisión, financiamiento, capacidades técnicas y articulación entre actores) que erosionan cualquier participación sostenida.

Esta segunda sesión partió de ese diagnóstico y lo utilizó como base para profundizar en prioridades de incidencia para las OSC sí como en la definición de estrategias, espacios y mecanismos para abordarlos. Por eso, las discusiones se enfocaron en definir las prioridades que permitirán, más adelante, coordinar acciones regionales. Lo discutido en este taller  alimentará directamente el tercer y último encuentro de la serie, orientado a trazar un horizonte regional de articulación e incidencia.

Un punto central que atravesó toda la conversación fue que no existe una receta regional única en materia de incidencia de DPI. Las condiciones institucionales, políticas y económicas varían de un país a otro, y una estrategia de incidencia que funciona en un contexto puede ser inviable en el vecino. De ahí el valor de los espacios regionales de intercambio para sociedad civil: permiten transformar experiencias dispersas en conocimiento colectivo sobre qué estrategias generan oportunidades, cuáles pueden limitar la incidencia y qué riesgos conviene anticipar.

Las organizaciones participantes coincidieron, además, en un principio práctico. Antes de crear nuevos procesos o instancias de incidencia, conviene aprovechar los espacios multiactor que ya existen y mantienen un diálogo abierto con gobiernos y organismos multilaterales. Y sistematizar las incidencias que sí funcionaron, entender por qué lo hicieron, es quizá la herramienta más subestimada para replicar esos aciertos.

Cinco prioridades de incidencia en la agenda de DPI      

Del diálogo emergieron cinco frentes donde la sociedad civil puede concentrar sus esfuerzos:

• Iniciar el proceso de incidencia desde el conocimiento situado: ninguna prioridad puede definirse sin considerar el contexto, las capacidades y las dinámicas propias de cada territorio. Incidir exige leer con precisión el contexto político e institucional de cada país, sus ciclos y sus ventanas de oportunidad, en lugar de importar agendas que no dialogan con la realidad local.
• Avanzar hacia el codiseño de soluciones de DPI: cuando la sociedad civil participa desde el diseño de DPI y no al final del proceso, las salvaguardas, los derechos humanos y los estándares técnicos pueden incorporarse como componentes estructurales de las soluciones desarrolladas. Instrumentos como los sandboxes regulatorios ofrecen un entorno seguro para probar y ajustar soluciones antes de escalarlas.
• Fortalecer la gobernanza de datos desde una perspectiva de derechos:  una DPI confiable requiere una gobernanza de datos sólida, sustentada en principios éticos, marcos robustos de protección y reglas claras para el acceso y uso de los datos. Estos elementos son fundamentales para resguardar la privacidad, fortalecer la soberanía de los datos y consolidar la confianza de la ciudadanía.
• Fortalecer los espacios multiactor con capacidades real de incidencia: aunque siguen siendo limitados, los espacios multiactor se identifican cómo instancias estratégicas de incidencia. No obstante, el poder de decisión de la sociedad civil sigue siendo limitado por lo cual resulta necesario transformar las prácticas de estos espacios para pasar de una participación simbólica a una participación efectiva.
• Sostener los derechos humanos      como eje transversal de DPI: no discriminación, no exclusión, límites a la vigilancia y controles claros no pueden ser un capítulo aparte, sino que deben atravesar toda la agenda para que la DPI amplíe los derechos en vez de vulnerarlos     .

Tres condiciones habilitantes para la incidencia     

El taller  identificó tres elementos clave como base de la incidencia:      

• Un espacio cívico abierto: garantizar libertades efectivas para      organizarse, comunicarse y abogar por derechos, transparencia y acceso a la información, la participación queda en el papel.
• Financiamiento sostenible: la falta de recursos continúa siendo una de las barreras más señaladas. Diversificar las fuentes de financiamiento y fortalecer alianzas y esquemas de colaboración resulta fundamental para dar continuidad y sostenibilidad a los esfuerzos de incidencia.     
• Espacios multiactor con condiciones habilitantes para la participación: no basta con crearlos; estos espacios deben ser democráticos, públicos y contar con mecanismos de seguimiento que garanticen la participación de la sociedad civil desde el inicio, y no como invitada ocasional.

Próximos pasos

Los consensos de esta sesión se convierten ahora en el insumo para el tercer y último encuentro de la serie, donde el reto será identificar las      prioridades y condiciones en un horizonte regional concreto. La apuesta de fondo es clara: construir una comunidad de organizaciones de sociedad civil capaz de incidir de forma coordinada y sostenida en la manera en que la región diseña y gobierna su infraestructura digital.

Las opiniones y reflexiones expresadas en este artículo representan la visión conjunta del consorcio integrado por ILDA, Cepei y Open Data Charter.

Colombia ya cuenta con piezas clave de Infraestructura Pública Digital (DPI) en funcionamiento, desde los pagos digitales hasta la identidad y el intercambio de datos del Estado, pero avanzan de manera dispersa. Cerrar esa brecha entre lo que existe y cómo se gobierna fue el eje del Segundo Encuentro Nacional Multisectorial sobre el Ecosistema de Infraestructura Pública Digital (DPI) en Colombia, realizado el 16 de julio de 2026 en el marco del proyecto DPI en LAC, implementado por el consorcio conformado por Cepei, ILDA y Open Data Charter, con el apoyo de Co-Develop.

El encuentro reunió a representantes de la sociedad civil, el sector público, el sector privado y la academia del ecosistema digital colombiano, con el objetivo de identificar prioridades de gobernanza de la DPI en el país y los mecanismos de incidencia necesarios para posicionar recomendaciones de política pública a nivel nacional.

Una oportunidad estratégica en un contexto de transición

El encuentro comenzó reconociendo los avances significativos en transformación digital del país, donde hay iniciativas de alto impacto enmarcadas en la esfera de la DPI: el sistema de pagos digitales Bre-B, liderado por el Banco de la República; la Cédula Digital, sistema de autenticación operado por la Registraduría Nacional; y X-Road, la plataforma de intercambio de datos del Estado diseñada e implementada por el Ministerio TIC.

En un contexto de transición hacia un nuevo Gobierno, los participantes coincidieron en que el país cuenta con una oportunidad estratégica para posicionar la agenda de DPI en el próximo Plan Nacional de Desarrollo y en otros instrumentos de política pública. En ese marco, la consolidación de espacios permanentes de articulación multiactor se destacó como condición fundamental para fortalecer la gobernanza de la DPI, promover una implementación coordinada y maximizar la generación de valor público, social y económico para la ciudadanía.

Prioridades de política pública para el nuevo ciclo de gobierno y próximos pasos

El diálogo también se centró en los principales desafíos para la gobernanza de la DPI en Colombia. Entre los temas abordados destacaron la articulación institucional, la construcción de un entendimiento compartido sobre el alcance y los principios de la DPI, y la gestión de riesgos asociados a la exclusión, la privacidad y la protección de datos personales. Finalmente, se exploraron los mecanismos y espacios de incidencia que permitirían llevar estas recomendaciones a la agenda nacional.

Los insumos recogidos alimentarán las próximas sesiones de la serie de encuentros nacionales, que continuará a lo largo de 2026 con espacios de profundización y co-creación. El propósito compartido es consolidar un diálogo multisectorial sostenible que fortalezca la gobernanza de la DPI y derive en recomendaciones y un llamado a la acción dirigido a los distintos actores del ecosistema digital.

Las opiniones y reflexiones expresadas en este artículo representan la visión conjunta del consorcio conformado por ILDA, Cepei y Open Data Charter.

¿Por qué una comunidad de práctica sobre DPI?

La Infraestructura Pública Digital (DPI, por sus siglas en inglés) ocupa un lugar cada vez más relevante en las agendas de transformación digital de los países de Latinoamérica y el Caribe (LAC). Sistemas como la identidad digital, los pagos digitales y las plataformas de intercambio de datos tienen el potencial de mejorar la prestación de servicios públicos, facilitar la inclusión y fortalecer la capacidad de los Estados para responder a las necesidades de las personas.

Sin embargo, el desarrollo de DPI también plantea desafíos importantes en materia de gobernanza, protección de derechos, inclusión, seguridad, transparencia, rendición de cuentas y participación significativa de diversos actores. En una región diversa, con distintos niveles de madurez en el diseño, implementación y adopción de estos sistemas, resulta clave contar con espacios que permitan compartir aprendizajes, identificar buenas prácticas, fortalecer capacidades y promover enfoques centrados en las personas.

En este contexto, el consorcio integrado por Cepei, ILDA y ODC, con el apoyo de CoDevelop, realizó la primera sesión de la Comunidad de Práctica (CoP) de Infraestructura Pública Digital en Latinoamérica y el Caribe. Esta comunidad tiene como propósito facilitar el aprendizaje colectivo y el intercambio de conocimiento aplicado en materia de DPI en la región.

Las principales líneas de trabajo de la Comunidad de Práctica son:

• Intercambio de conocimiento y aprendizaje colectivo sobre DPI. Promover la apropiación de conocimientos situados sobre DPI y sus principales sistemas digitales, incluyendo identidad digital, pagos digitales y plataformas de intercambio de datos.
• Visibilización y socialización de recursos, investigaciones e iniciativas sobre DPI. Facilitar el intercambio de investigaciones, herramientas, experiencias, documentos y recomendaciones producidos por organizaciones y actores vinculados al ecosistema de DPI.
• Conexión entre actores y espacios relacionados con DPI. Conectar actores y espacios formales e informales de gobernanza multiactor que faciliten el aprendizaje colectivo, la colaboración y la incidencia de la sociedad civil y otros actores del ecosistema de DPI.
• Promoción del Marco de Salvaguardas de DPI de las Naciones Unidas. Fomentar el conocimiento y uso de este marco como herramienta para promover enfoques basados en derechos humanos, inclusión, protección y participación en el desarrollo de DPI en la región.

Sesión de lanzamiento

La primera sesión de la Comunidad de Práctica se realizó el 10 de junio y consistió en un diálogo entre representantes de distintos sectores que trabajan en la agenda de DPI en la región. El encuentro contó con la participación de Juan Ignacio Echevarría, de IUGO; Kareen Schramm, del Gobierno Digital de Chile; y Juan de Brigard, de CoDevelop. La conversación fue moderada por Mercedes de los Santos, de ODC.

El diálogo se centró en la importancia de los espacios multiactor como mecanismos fundamentales para fortalecer el ecosistema regional de DPI. En particular, se reflexionó sobre las oportunidades que estos espacios ofrecen para avanzar en una agenda regional que integre distintas perspectivas, capacidades, experiencias y buenas prácticas.

Los espacios multiactor permiten abordar desafíos complejos relacionados con la DPI a partir de una perspectiva colaborativa. Asimismo, facilitan la participación significativa de la sociedad civil y otros actores del ecosistema, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la construcción de consensos en los procesos de diseño, implementación y gobernanza de DPI.

En una región tan diversa como Latinoamérica y el Caribe, donde existen distintos niveles de madurez en el desarrollo y adopción de DPI, estos espacios contribuyen a cerrar brechas de capacidades, promover el aprendizaje colectivo y favorecer la construcción de soluciones más inclusivas, sostenibles y centradas en las necesidades de las personas.

En relación con los incentivos para participar, las personas panelistas destacaron que los espacios multiactor ofrecen oportunidades para acceder a conocimiento especializado y buenas prácticas, fortalecer capacidades técnicas e institucionales, intercambiar experiencias y estándares vinculados con DPI, ampliar redes de colaboración y generar alianzas estratégicas.

Además, estos espacios permiten fortalecer la incidencia en los procesos de toma de decisiones, identificar oportunidades de cooperación y contribuir a la construcción de agendas, principios y soluciones compartidas que respondan a los desafíos y prioridades de la región.

Durante la conversación también se resaltó la importancia de dar sostenibilidad a los espacios multiactor, de modo que puedan consolidarse como instancias capaces de acompañar procesos de gobernanza de DPI en Latinoamérica y el Caribe. En este sentido, se destacó la necesidad de identificar resultados concretos y medibles que permitan dar seguimiento a los aportes de estos espacios al ecosistema regional de DPI.

Del lanzamiento participaron organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas de distintos países de Latinoamérica y el Caribe, representantes del sector privado, incluyendo startups y emprendedores, y actores del sector académico.

Finalmente, las personas participantes de la Comunidad de Práctica compartieron sus principales motivaciones para formar parte de este espacio, así como las temáticas en las que les gustaría profundizar, compartir y discutir en las siguientes sesiones.

Entre las principales motivaciones se identificaron el fomento del aprendizaje colaborativo, el fortalecimiento de la articulación regional, la búsqueda de soluciones a desafíos comunes y la identificación de oportunidades de incidencia.

El principal aporte de la Comunidad de Práctica a la agenda regional de DPI será contribuir a conectar agendas fragmentadas, generar recomendaciones de política pública, fortalecer el intercambio entre pares y visibilizar buenas prácticas y experiencias, considerando los distintos niveles de maduración de estos sistemas en Latinoamérica y el Caribe.

Entre los temas de mayor interés para las personas participantes se destacaron la gobernanza de datos y la soberanía digital; los casos de uso de DPI en sectores como salud y ambiente; los derechos digitales y el acceso a la información; y la seguridad y protección de datos.

Próximos pasos

La Comunidad de Práctica contará con tres sesiones adicionales orientadas a facilitar el aprendizaje entre pares, la presentación de casos de estudio y experiencias regionales, la realización de mesas de diálogo y el intercambio de recursos sobre DPI.